Georgina Orellano: “Luchamos para que las políticas contra la trata de persona no criminalicen a las trabajadoras sexuales”

Georgina Orellano es la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Además, es una de las referentes de la posición que divide al feminismo actualmente en términos de abolicionismo y regulacionismo de la prostitución.

Y en este sentido es que en exclusiva cuestiona la efectividad de los discursos a partir del Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

¿Por qué crees que a las trabajadores sexuales sólo se las reconoce como víctimas de explotación? 

Las direcciones municipales, provinciales y algunos sectores del feminismo tienden a recordar este día haciendo charlas, afiches y el mensaje que lanzan, algunos intencionalmente y otras sin profundizar en el debate que existe hace muchísimo tiempo dentro de los feminismos, es que equiparan el trabajo sexual con la trata de personas.

Eso termina anulando nuestro poder de agencia, nuestra voluntariedad y poniendo en duda nuestro consentimiento. Para nosotras eso implica desconocer que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que luchando desde hace más de 25 años por el reconocimiento de nuestro trabajo y para salir de la clandestinidad. 

Y justamente para que las políticas que se implementen en la lucha para combatir la trata de personas no sean políticas que nos terminen criminalizando como ha sucedido y como sigue sucediendo. Con la modificación de la ley de trata y con todas las ordenanzas municipales y decretos provinciales de prohibición de cabarets, whiskerías y casas de cita.

De hecho la prohibición de ejercer el trabajo sexual llega a cualquier ámbito privado. Esto significa incluso los domicilios particulares de nuestras compañeras. Entonces creo que es un día para cuáles fueron los resultados de estas políticas. Para que se haga una distinción entre lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual.

Y se repiense y replantee qué pase con la trata en otros mercados laborales como la trata textil o la rural, que parecen ser cuestiones que a un sector del feminismo no las interpela tanto. 

Haces mucho hincapié sobre la invisibilización de la trata textil y la rural...

Yo siempre hablo de la trata textil y rural, y trato de poder interpelar desde ese lugar porque creo que lo que deja en evidencia es la moral.

Esa explotación que padecen los y las trabajadoras textiles en talleres clandestinos, las formas hacinadas en la que trabajan los peones rurales, donde además en muchas oportunidades también viven, en condiciones insalubres y de casi esclavitud.

No decimos sin cliente no hay trata cuando nos compramos una indumentaria a pesar de que es sabido y de público conocimiento que detrás de grandes marcas de ropa hay mano de obra barata y de compañeros de la colectividad boliviana, paraguaya, peruana, costureras y costureros que pasan casi 24 horas cosiendo por un valor mínimo.

Este tipo de explotación no nos interpela como sociedad. Lo mismo ocurre con la trata rural, si conociéramos las condiciones de los compañeros yerbateros en Misiones, no tomaríamos más mate. Es importante que nos replanteemos cuáles son los slogans que seguimos repitiendo y criminalizando aún más a las trabajadoras sexuales.

Personalmente ¿crees que la reglamentación del trabajo sexual permitiría identificar de manera clara la trata de personas ? 

Creemos que hay que separar las políticas en torno a contener las realidades y las demandas de los y las trabajadoras sexuales. Y por otro lado la lucha contra la trata de personas.

Creo que pensar que reconocer el trabajo sexual va a ser una herramienta contra la lucha para la trata es justamente poner la carga del peso de la responsabilidad hacia las trabajadoras sexuales.

Y nosotras desde hace mucho tiempo queremos salir de ese lugar, en el cual se nos responsabiliza de fomentar la trata por ejercer el trabajo sexual, en el que por demandar derechos laborales se nos acusa de que haya más trata

Además somos nosotras las que terminamos pagando con nuestras propias vidas como fue el caso de la compañera Sandra Cabrera, asesinada hace 15 años por denunciar la trata de personas, la explotación de niños y niñas y la complicidad política policial y judicial en la ciudad de Rosario.

Entonces creo que se debe reconocer el trabajo sexual para sacarnos a nosotras de la clandestinidad y por otro lado deberían implementarse otras políticas en torno a la lucha contra la trata. 

Creo que se deberían reveer todas las políticas que se implementaron desde 2008 hasta 2016, qué pasó después de los cierres de los cabarets y whiskerías, dónde están esas mujeres, y ¿cuánta son las redes de trata que se desarticularon?

La justicia sus operadores y el Estado tienen una responsabilidad y una respuesta. Repensar cuáles fueron sus prácticas punitivistas, replantearnos nosotras como feministas si es el derecho penal la herramienta transformadora que queremos para combatir un problema social como lo es la trata de personas.

Además deben explicar por qué el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, dentro de los delitos federales tiene el raid más alto de mujeres criminalizadas.

Creo que ahí lo que se explica es que lejos de combatir la trata utilizaron esos mecanismos para criminalizar toda forma de trabajo sexual y son muchas trabajadoras con distintos roles dentro del mercado que están pagando con su libertad el haber decidido ser puta, organizarse, visibilizarse y defender sus derechos. 

¿Cuáles fueron esas modificaciones?

Lo que hizo fue quitar la idea del consentimiento y anular la voluntariedad de la persona a la hora de ejercer la prostitución. Eso ha generado que nuestras voces de deslegitimen y que nuestros testimonios sean puestos en duda. 

Hay una cuestión de tratarnos como idiotas, como seres incapaces que no podemos decidir en nuestras trayectorias de vida ejercer el trabajo sexual, en cualquier ámbito en donde lo llevemos a cabo.

Y una de las problemáticas es que se le dio más poder a las fuerzas de seguridad, todas las legislaciones que hoy por hoy tenemos en nuestro país para luchar por la trata de personas, le dio más poder a la policía y a los operadores judiciales. 

Eso se tradujo a nuestras vidas como mayor criminalización y persecución. Hoy frente a cualquier denuncia anónima la policía puede ingresar al domicilio particular de las trabajadores y los trabajadores sexuales sin tener una orden judicial.

Les crea una potestad, les habilita un poder en el que no hay ningún fiscal, ni ningún juez siendo veedor de lo que la policía hace en la vida diaria de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Y nos exponen a robos de las pertenencias de valor, a amenazas, hostigamientos, a que las compañeras tengan que pagar coimas policiales para poder trabajar de manera tranquila. 

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