Caída de la natalidad en Argentina: el desafío de repartir las tareas de cuidado

Desde hace diez años, Argentina experimenta una caída sostenida de la natalidad: la tasa de fecundidad cayó 49% entre 2014 y 2024. La reducción de los nacimientos anticipa una menor proporción relativa de población joven en las próximas décadas. Pero su implicancia más inmediata para la política pública es otra: al nacer menos niños/as, cada crianza pesa proporcionalmente más en la formación del capital humano futuro. El cambio demográfico vuelve, así, más urgente garantizar que cada niño/a se desarrolle en las mejores condiciones posibles desde el nacimiento.

Ese desarrollo no ocurre en el vacío: depende de una base concreta, el trabajo cotidiano de cuidado. Por cuidado entendemos el conjunto de actividades diarias que sostienen el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas, y que hacen posible su reproducción día a día. Por esta razón, es fundamental invertir en políticas que reconozcan el valor del cuidado y busquen distribuirlo más equitativamente, no solo entre géneros, sino también entre las familias, el Estado, la comunidad y el mercado.

Para abordar esos desafíos, desde CIPPEC hace tiempo proponemos avanzar en un sistema integral, articulado y federal de cuidados para la infancia. Para eso, la propuesta se sostiene sobre tres ejes de acción: tiempo (licencias), dinero (transferencias) y servicios (espacios de crianza, enseñanza y cuidado –CEC–).

 

 

¿Quién hace qué? El reparto de las tareas de cuidado

Empecemos por el tiempo. Durante los primeros meses, ese recurso solo puede protegerse mediante licencias: hoy, cerca de la mitad de los/as trabajadores/as no accede a licencia por nacimiento o adopción, ya sea por trabajar en la informalidad o por desempeñarse como cuentapropista. A su vez, las licencias por paternidad son solo de dos días corridos, las más cortas de Sudamérica. Allí, es el Estado el que define ese piso normativo, mientras que el mundo del trabajo puede ampliarlo con licencias adicionales, esquemas de flexibilidad y teletrabajo.

El dinero, en cambio, corre por otro carril. El Estado nacional es el que fija las reglas y, sobre todo, el que pone los recursos: cada mes, millones de familias reciben una transferencia que ordena la economía del cuidado, como la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares o la Asignación por Embarazo para Protección Social. Con foco en los hogares más vulnerables, se suma el Plan Nacional de Protección Social, con su trama de desarrollo comunitario y trabajo familiar.

Pero hay algo que ni el tiempo ni el dinero alcanzan a resolver por sí solos: los servicios. De los tres ejes, los servicios son los que más directamente impulsan el desarrollo infantil temprano. Son instituciones de todo tipo —jardines maternales, salas cuna, centros de primera infancia, centros de desarrollo infantil— que reciben a niños/as desde los 45 días y hasta los 5 años, y que pueden estar en manos del Estado, del sector privado o de una organización del barrio.

Ahí, en ese mismo lugar, el Estado, el mercado y la comunidad comparten de manera sostenida la responsabilidad de cuidar, y ofrecen, a la vez, la estimulación y la socialización que el hogar no siempre puede dar por sí solo. Por eso, invertir en ellos es tan estratégico.

En el territorio, los gobiernos provinciales y locales son los que tienen la capacidad de desarrollarlos, y cada jurisdicción los nombra a su manera. Por ejemplo: en la Ciudad de Buenos Aires son los Centros de Primera Infancia; en la provincia de Buenos Aires, las Unidades de Desarrollo Infantil; y en Córdoba, las Salas Cuna asociadas a municipios y organizaciones comunitarias. Gobiernos locales en alianza con la comunidad para garantizar, esta vez sí, el acceso al cuidado.

 

 

Por fuera del Estado, la comunidad también tiene un rol fundamental en el sostenimiento del cuidado. En los barrios más vulnerables, buena parte del cuidado integral de la primera infancia lo sostienen jardines y guarderías comunitarias que encabezan, casi siempre, mujeres. No trabajan aisladas: tejen red con las escuelas, con los centros de salud y con los comedores y merenderos de sus barrios. Esta arquitectura comunitaria garantiza primariamente la distribución de las tareas de cuidado más allá de la familia.

En paralelo, el mundo del trabajo constituye el otro gran pilar para garantizar condiciones de cuidado. Ahí, como mencionamos, el cuidado toma la forma de licencias parentales extendidas, esquemas de flexibilidad, salas de lactancia y servicios o subsidios para el cuidado infantil.

Durante años se lo vio como un gasto; hoy, la evidencia dice otra cosa: las empresas que se involucran retienen mejor a su gente, bajan el ausentismo y la rotación, ganan en productividad y en reputación (IFC, 2017). Cuidar, también en la oficina, conviene.

Volvamos al principio. La caída en la tasa de natalidad empuja la discusión hacia cómo y quién cuida. Garantizar la distribución de los cuidados priorizando la articulación entre tiempo, servicios y transferencias requiere de acción conjunta y coordinada entre gobiernos, comunidades y mercado.

Ese es el fondo del asunto: el cuidado no descansa en una sola mano —ni la del Estado, ni la del barrio, ni la de la empresa y, mucho menos, la de las familias puertas adentro—, sino en todas a la vez. La pregunta ya no es si cuidar es una responsabilidad, sino cómo se reparte.

Bruno Muñoz y Abril García Mur
Coordinadores de protección social de CIPPEC