Alba Rueda es la subsecretaria de políticas de diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la primera mujer trans en ocupar dicho cargo. Hoy, gracias a su participación, la historia cambió para siempre cuando por disposición del presidente Alberto Fernández, a través del decreto 721/2020 se estableció el cupo laboral en el sector público que garantiza un mínimo del 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero.
Uno de los términos más importantes del decreto es que las personas travestis y trans no deberán tener exclusivamente el cambio de su nombre e imagen en el DNI y podrán acceder a los puestos de trabajo, que según establece la medida serán reservados por el Estado.
Por su parte, todo el personal del ejecutivo nacional será capacitado para asegurar la inclusión laboral en condiciones de respeto ala identidad y expresión de género en en las personas.
“Además de ser una funcionaria trans, soy una persona trans mayor de 40 años y he vivido una época de exclusión en donde he visto tantas compañeras morir sin tener oportunidades reales y genuinas de trabajo pata hacer sustentable su vida”, comienza Rueda, consultada sobre este decreto histórico.
Cómo funcionaría trans, ¿qué significa para vos esta normativa?
En lo particular este decreto me permite trabajar profundamente en lo que es una demanda histórica de las organizaciones sociales. Algo que he vivido en el cuerpo que fue la falta de oportunidades laborales y lo que eso implica. La situación en la que nos sitúa.
No poder tener un empleo por tu identidad de género. Esos años creo que efectivamente están pasando. Muchas de nosotras buscábamos trabajo y no teníamos la oportunidad de poder conseguirlo.
Por eso, es una alegría muy grande saber que todas las luchas sociales travestis y trans hoy son tierra fértil para una democracia que piensa en políticas reales y genuinas.
El decreto establece además mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos que los tengan incompletos. Teniendo en cuenta la exclusión educativa histórica que sufre la comunidad, ¿por qué es tan importante que el Estado garantice el acceso a la educación?
La población trans realmente ha vivido muchos años de exclusión y eso se ha traducido en actos de violencia y discriminación cotidiana. Dentro de nuestros hogares quedar expulsadas, ser echadas por nuestras familias de origen ha sido un dato muy común y hemos quedado expulsadas por nuestra identidad de género y por la vergüenza que le significaba a nuestras familias.
Sobre todo en sociedades conservadoras, en sociedades donde realmente la discriminación y la violencia se marcaba no solo en el insulto sino también en el escarnio de todas nuestras familias.
Y del mismo modo sin esa protección que implica contar con un techo, comida, la expulsión en los ámbitos educativos se dio casi en paralelo. Porque también en las escuelas con la falta de políticas que hablen sobre establecimientos libres de discriminación, nuestras vidas fueron atravesadas por burlas, insultos y golpes.
Para muchas de nosotras eso fue una invitación a la puerta de salida y a quedarnos sin oportunidad de formarnos como el resto de las personas.
Por eso, este decreto viene a resguardar el derecho a la educación en la terminalidad educativa pero también en la formación laboral. Con lo cual nos encontramos en la puerta de políticas públicas que tengan en cuenta la integralidad de nuestros derechos.
¿De manera personal, cuál fue tu influencia en la elaboración de esta medida?
Desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad impulsamos este decreto y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta fue quien llevó adelante ese diálogo con las mesas de trabajo de presidencia y de todas las áreas sustantivas del Estado.
A nosotras nos tocó hacer un trabajo muy técnico que tenía que ver con poder promover la mejor versión de lo que implica este decreto.
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