Violencia de género: Qué se hizo, qué falta y qué hay que corregir para generar el cambio

Cuando a Fabiana le “salió el subsidio”, como dice ella, lo primero que hizo fue ir al almacén. Lo segundo, ir a la ferretería. “Me compré un candado grande, lo puse en la reja de adelante y lo llaveé. Esa fue la primera vez que mis hijos y yo pudimos dormir tranquilos”, cuenta. 

Fabiana no se llama Fabiana. Su nombre fue cambiado para resguardar su identidad. Vive en una provincia del norte de Argentina, tiene tres chicos en la escuela primaria y un ex marido violento que todavía los ronda. Dos veces intentó meterse en la casa, pese a la perimetral. Por eso la alegría de Fabiana con su candado, y su sueño de estreno. 

Ella es una de las 152.089 beneficiarias del programa Acompañar, lanzado en 2021 por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y tiene, como todas, elogios y críticas para hacer. Entre los elogios, menciona el monto del subsidio (“es más que otros planes”, agrega) y lo rápido que le salió: a los dos meses de haberlo pedido ya estaba cobrándolo. Esa vez, además del candado, se compró un colchón y comida. “Para mí fue una re ayuda. Pero se acabó rápido. Seis meses nomás cobré”, cuenta. 
Como ella, muchas beneficiarias se quejan de lo mismo: de lo poco que dura la ayuda, de la poca información que hay sobre estos planes y también de situaciones que son, para ellas, definitivamente incomprensibles. “Mirá, una amiga mía tiene una discapacidad. Averiguó y si le salía el Acompañar, perdía su pensión”, explica. 

“La salida debe ser colectiva. Y con un Estado propositivo, no sólo reactivo. Por eso se privilegia el acompañamiento pero también se busca promover la autonomía económica de las mujeres”.

Como Fabiana, muchas de las beneficiarias reparten enojos y “gracias” entre cada uno de los planes. Precisamente por eso, para conocer de primera mano y por la boca de sus protagonistas cómo se implementan en el territorio tres de los programas nacionales lanzados para combatir la violencia de género –Acompañar, Acercar Derechos y Producir-, la ONG feminista Equipo Latinoamericano de Justicia y Género investigó durante meses cómo funcionaban estas iniciativas. Lo hizo en el marco del programa Cerrando Brechas y con financiamiento de la Unión Europea. Este es el primer diagnóstico evaluativo a cargo de una organización de la sociedad civil sobre el rumbo, los resultados y los desafíos que aún enfrentan esos tres planes.

Derechos en acción

Según se precisa en el trabajo, desarrollado en cuatro localidades de cuatro provincias argentinas del norte, centro y sur, los tres programas fueron seleccionados para la evaluación porque ellos “responden a la importancia que la autonomía económica y el acceso a la justicia tienen para prevenir y erradicar la violencia doméstica”. 

Dicho de otro modo, romper con el círculo de la violencia es muy complejo –por no decir imposible- cuando no se cuenta con un mínimo de seguridad económica, de acompañamiento y de posibilidades concretas de generar ingresos. Y esto es, en principio, lo que los tres programas –aunque con variantes- buscan resolver. El Acompañar, por ejemplo, está dirigido a personas que sufran o hayan sufrido violencia de género y propone un “acompañamiento psicosocial”, además de una ayuda económica equivalente a un salario mínimo por seis meses.

El Producir, en cambio, se plantea como una posibilidad de que las beneficiarias se integren a algún proyecto productivo en el marco de una organización social. Así, pueden invertir en su trabajo para hacerlo crecer. ¿Por cuánto tiempo? Ocho meses. El Programa Acercar Derechos, por último, “se diferencia de los otros dos porque opera en el ámbito del acceso a la justicia, brindando asesoramiento y construyendo puentes de acceso”. ¿Brinda patrocinio jurídico gratuito? No, y ése es un problema porque las mujeres se acercan a él buscando precisamente eso: un abogado, alguien que las guíe en el bosque judicial. 

Si bien la recepción general de los programas es positiva y las beneficiarias destacan, por ejemplo, que el subsidio del Acompañar equivalga a un salario mínimo y les permita hacer algunas cosas más que otros programas, aseguran que la duración es muy breve, que ninguno contempla las necesidades de asistencia psicológica de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia, que algunos trámites son muy engorrosos y que, entre otras cuestiones, los programas “se cortan” antes de que muchas hayan podido superar la situación de emergencia. 

Piden además capacitación en temas administrativos y productivos (sobre todo en relación al programa Producir) y reclaman el patrocinio jurídico que un programa como Acercar Derechos (PAD) no provee. “La mayoría de las mujeres que se acercan al PAD o piden por ese programa lo hacen esperando obtener patrocinio, o un subsidio económico o una terapia o apoyo psicológico/psiquiátrico, pero no una asesoría general”, comenta el informe al respecto. 

Cambios que se necesitan   

Tal vez una de las cuestiones centrales a tener en cuenta en relación a todos estos programas sea la “juventud” de todos ellos. Es así: el Programa Acompañar –que es el más antiguo- tiene apenas dos años y el primero (2020) estuvo atravesado por la pandemia. Los otros dos, Producir y Acercar Derechos, arrancaron el año pasado y cuando los efectos del covid y de la crisis económica que siguió a la pandemia ni siquiera habrían comenzando a disiparse. En cualquier caso, hay una arquitectura organizacional todavía en construcción. 

Urge seguir avanzando y expandir rutas de escape seguras y sostenibles en el tiempo para cada persona expuesta a la violencia de género. 

En ese sentido, lo que el informe Es por acá deja más que en claro es la necesidad imperiosa de desarrollar más –y no menos- políticas orientadas en este sentido. Tanto los agentes estatales a cargo de los programas como las organizaciones comunitarias y las beneficiarias plantean propuestas de mejoras pero sin poner nunca en cuestión la pertinencia de estos programas. En eso, son unánimes: los programas sirven. 

Desde luego que se necesita más. Y más de todo: más tiempo, más acompañamiento, más capacitación, más escucha, más claridad en la comunicación de cada programa, más infraestructura y más tecnología, entre otras tantas cosas. La mayoría de los equipos a cargo de las tareas están desbordados y, como resumió una de las funcionarias entrevistadas para el estudio, “somos la misma cantidad de personas que antes del Acompañar y no damos abasto”. 

La salida es por acá

Aún así, lo que este primer análisis evaluativo pone en evidencia –con estadísticas, voces y propuestas- es que se ha operado un giro en el abordaje de la violencia de género. Porque si antes todo parecía centrarse en la construcción de refugios, en la entrega de botones antipánico y en que cada mujer violentada hiciera la denuncia, hoy el enfoque es otro. ¿Por qué? Porque si la violencia es un problema social, la salida debe ser colectiva. Y con un Estado propositivo, no sólo reactivo. 

Por eso se privilegia el acompañamiento pero también se busca promover la autonomía económica. Nadie puede decidir nada –menos salir de una relación violenta y abusiva- si no tiene asegurada antes un techo, la subsistencia ni puede planificar las cuestiones básicas de su vida. Como explica Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA: “Está claro que no hay recetas únicas para asistir a una mujer que vive en un contexto de violencia y que además a menudo lleva muchos años en esa situación. De todos modos, en todos los casos, la asistencia de las políticas públicas es indispensable para ofrecer una combinación de recursos materiales, de fortalecimiento emocional y de acompañamiento jurídico en ese proceso que lleva tiempo, esfuerzo y que conlleva un importante desgaste. 

Urge seguir avanzando y expandir rutas de escape seguras y sostenibles en el tiempo para cada persona expuesta a la violencia. Un candado, un colchón, una máquina de coser: puede que, en el inicio, la salida no luzca como la imaginamos. Pero todas son puertas, todas abren caminos hasta ahora cerrados. Y la salida, definitivamente, es por acá.