Gala Díaz Langou analiza cuáles son los derechos adquiridos por mujeres y cuáles tener en cuenta a futuro

En Argentina estamos a punto de cumplir, por primera vez en nuestra historia, 40 años de democracia ininterrumpida. En estos 40 años vimos cómo se jerarquizó y luego cuestionó la agenda de género. En las últimas décadas, de la mano de los movimientos feministas de nuestro país y de todo el mundo, distintas aristas de esta agenda se fueron constituyendo como problemas públicos y se avanzó en soluciones. Sin embargo, aún hay problemas sin soluciones.

Quienes estudiamos las cuestiones de género solemos referirnos a las tres autonomías de las mujeres: la física, la económica y la del poder de decisión, que fueron una conceptualización de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU. Estas autonomías hacen que las mujeres podamos gozar de una vida libre e independiente, en igualdad de condiciones. De estas tres autonomías, en nuestro país, durante estos 40 años de democracia, se avanzó especialmente en la física y la del poder de decisión.
Así, vimos cómo se ampliaron derechos y cómo se visibilizó la necesidad de que las mujeres podamos tener autonomía física: se legisló en contra de los femicidios y a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. También se avanzó en la participación de mujeres en lugares de decisión, especialmente en el Poder Legislativo, aunque todavía queda camino por recorrer; sobre todo, en el Ejecutivo, en la Justicia, en el sector privado y sindical. 

En nuestro país, el cuidado y las tareas domésticas están a cargo de las mujeres de cada familia y eso obstaculiza de manera muy concreta sus posibilidades de progreso laboral. 

Ahora bien, la autonomía económica está mucho más lejos de ser una realidad. Esta autonomía hace referencia a la capacidad de las mujeres de contar con recursos -en especial, ingresos- y poder gestionarlos. El estudio de esta autonomía le valió, este año, el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin.
Las mujeres seguimos enfrentando muchos más obstáculos y teniendo peores resultados que los varones. Las crisis recurrentes que enfrenta nuestro país tienden a afectar de sobremanera a las mujeres: somos las primeras en salir del mercado de trabajo cuando la economía se contrae y las últimas en volver cuando la economía crece.

En Argentina, las mujeres participamos mucho menos que los varones de la economía en general y del mercado de trabajo en particular. Solamente 6 de cada 10 mujeres son económicamente activas, lo que quiere decir que trabajan o buscan trabajo. Y aquellas que trabajan suelen hacerlo en sectores menos dinámicos, peores pagos, con mayor informalidad y, en definitiva, contando con menos ingresos. Esta situación es la contracara de lo que sucede al interior de los hogares, donde las mujeres llevamos la mayor parte de la carga.

En nuestro país, el cuidado y las tareas domésticas están a cargo de las mujeres de cada familia y eso obstaculiza de manera muy concreta sus posibilidades de progreso laboral. Esto no es así en todos los países. Algunos -incluso varios de la región, como Uruguay y Colombia- avanzaron en revertir esta situación al brindar más y mejores servicios de cuidados públicos. Son países que entendieron que, al hacerlo, también potenciaban la economía del presente y del futuro (por el efecto que tiene en el desarrollo de habilidades en niños/as). 

Para que los próximos 40 años de democracia sean más justos con las mujeres necesitamos entender que una condición necesaria es contar con un sistema fuerte y federal de cuidados. ¿En qué consiste?
Primero, en fortalecer el esquema de transferencias a la infancia. La mayoría de las familias argentinas recibe transferencias del Estado, que buscan asegurar un piso mínimo de ingresos que las proteja. Sin embargo, aproximadamente un 9% de niños/as y adolescentes hoy no recibe ningún tipo de transferencias, especialmente aquellos/as de los estratos más vulnerables de la población. Fortalecer la cobertura y revisar su regresividad podría impactar directamente en la pobreza infantil.

Segundo, expandir espacios de crianza, enseñanza y cuidado (tanto jardines como otros centros). Apenas el 33% de los/as niños/as menores de 4 años acude a alguno de estos espacios y la asistencia varía dependiendo de la edad, el nivel socioeconómico y la provincia en la que residen. Expandir la oferta de 0 a 4 años hacia 2035 tendría un costo fiscal del 0,04% del PBI, pero impulsaría la economía y generaría empleos directos e indirectos, de los cuales el 37% serian ocupados por mujeres.

En Argentina, las mujeres participamos mucho menos que los varones de la economía en general y del mercado de trabajo en particular. Solamente 6 de cada 10 mujeres son económicamente activas, lo que quiere decir que trabajan o buscan trabajo.

Tercero, revisar el tiempo para cuidar. El sistema de licencias en argentina está sujeto a la condición de trabajo de las personas a cargo de niños/as y la composición familiar. El 50% de la población trabajadora está excluida de este derecho, al no alcanzar a informales, autónomas/os, monotributistas y familias adoptantes y/o no nucleares. Además, otorga una de las licencias por paternidad más cortas en Sudamérica (2 días consecutivos). Extender las licencias a todas las personas con hijos/as y, en mayor proporción para varones, es crucial para avanzar en la corresponsabilidad del cuidado, aumentar la autonomía económica de género y equiparar las condiciones de vida de las personas desde la primera infancia. Un escenario de universalidad en el régimen implicaría una inversión incremental del 0,10% de la inversión actual (0,06%), pero generaría un crecimiento económico del 0,11% PBI para el año de implementación. 

Fotos: Unsplash.com

at Fernando Gomez Dossena