sábado 23 de octubre de 2021

SOCIEDAD | 21-09-2021 18:20

Cifras y testimonios reales: cómo es la cruda realidad de las minorías sexuales en las cárceles

La comunidad LGTBIQ+ vive verdaderas pesadillas en las cárceles argentinas. Informes recientes y testimonios en primera persona le ponen voz a verdades incómodas y largamente invisibilizadas.

El dicho popular dice: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. El Estado argentino tiene ojos, pero a veces se hace el ciego y oculta en las sombras realidades que apenas pueden dar gritos sordos. 

Las minorías sexuales que están privadas de su libertad son parte de aquello que el Estado “no ve”. El modo en que las invisibiliza se refleja en que, hasta hace pocos días, no existía ni un censo sobre esa población en cárceles. Quien ahora “desoculta” el tema es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), entidad que en 2020 hizo un relevamiento para conocer qué cantidad de hombres y mujeres trans, travestis y no binaries (quienes no se identifican con las categorías mujer y varón) están en unidades penitenciarias.

Mujer en cárcel
Según el primer relevamiento del tema, en 2019 había 113 personas trans detenidas en el país.

Del informe (que vio la luz ahora, pero recoge datos de 2019) surge que en Argentina en ese año había 113 personas trans detenidas, la mayoría de los cuales eran hombres. El relevamiento no es nacional, solo incluye información de las 14 provincias que brindaron información, hecho que reconfirma la ceguera. 

Marie Claire investigó qué historias de vida hay detrás de esos números y habló con tres mujeres trans que cumplen su condena en la provincia de Buenos Aires. Sus testimonios, volcados en esta nota, son textuales pero, para proteger su identidad, se modificaron sus nombres y se omitieron sus apellidos.

La ley de la selva

Gaviota ya pasó 15 inviernos tras las rejas. Fue condenada a 35 años de prisión por homicidio agravado.

“Cuando entré, me tiraron en un pabellón de población (de hombres) donde se mataban y se lastimaban personas todos los días. No podía ni llorar, ni eso se permitía. ¡Nada! Así viví durante 2 años y te aseguro que un día ya es mucho tiempo. Era pelear y pelear, no había otra. La cárcel es para aquel que es fuerte. Si no, te mata. Hay que sobrevivir, sobrellevarlo. Yo peleaba o me mataban. O me ahorcaba… Muchas veces estuve a punto de hacerlo.”  
Antes de la puesta en vigencia de la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, las chicas trans eran alojadas en pabellones junto a hombres, donde eran violadas sistemáticamente. “Nos daban todos los pibes. Las que venían (cuando entraban al penal) tenían que pasar por todos ‘los limpieza’”, relata. 

Un día Gaviota se peleó con un encargado de limpieza muy grandote. “Él se cayó al piso y yo saqué una faca… A partir de ahí no se metieron más conmigo”. La Ley de Género fue un punto de inflexión. No sólo porque ahora se les consulta si quieren ser alojadas en pabellones de hombres o en otro sitios (no son destinadas allí directamente). El trato, en cierto modo, cambió. “Antes era el puto feo, ahora soy una señora”, dice Gaviota. 

El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) estableció que en las cárceles del país hay 113 personas trans, no binarias y de géneros diversos.

Algo habrán hecho

A nivel mundial, las mujeres en las prisiones “son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones”, según un informe realizado por WOLA, la organización con sede en Washington líder en investigación y promoción de los derechos humanos en todo el continente. 

A la cárcel, las chicas trans no llegan de casualidad. Cuando están libres, son víctimas constantes de discriminación, criminalización y violencia institucional. Enfrentan a diario exclusión social, violaciones de sus derechos humanos y transfobia. 

“Hay gente que a las trans nos tira el auto encima, nos manda a robar, a pegar, a robar…”, cuenta Marimar, una morocha de 31 años que habla en susurros. Su edad invita a reflexionar: la expectativa de vida de las chicas trans en Argentina es de 32 años. Sí, la mayoría no llega ni a las 4 décadas. 

Según WOLA, una conjunción de factores las lleva a trabajar “en economías informales altamente criminalizadas, como el mercado de drogas, el trabajo sexual o el sexo por supervivencia”. 

Es el caso de Rubí, que hace 1 año está alojada en un pabellón de diversidad de género. El bonito pueblo chico bonaerense en el que nació, se convirtió en un infierno grande. A pesar de trabajar como peluquera y no molestar a nadie, todos la señalaban por su condición sexual. La historia terminó en destierro: la falta de oportunidades y la discriminación social la hizo caer en el narcomenudeo y hoy está alojada en un penal donde asiste a talleres de costura, confecciona juguetes y le hace las manos a sus compañeras. 

“En el pueblo fui una de las primeras personas que se empezó a clavar cortinas (extensiones de pelo), a ser yo, a liberarme. Por eso no conseguía trabajo y eso me llevó a las drogas, a dar un mal paso. Todos cometemos errores y aquí estamos, tratando de restaurarnos”, cuenta. 

Aunque todas las provincias han adherido a la Ley Micaela, aún hoy existen servicios penitenciarios que no han recibido ningún tipo formación en lo que refiere a perspectiva de género.

 

Salud y requisas

Por ley, aun en contexto de encierro, a las personas LGBTIQA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer y Asexuales) deberían garantizarles el acceso a tratamientos integrales hormonales y a intervenciones quirúrgicas de reasignación genital para adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida. 

Así es como, por ejemplo, deberían poder operarse para ponerse prótesis mamarias. Pero entre la letra de la ley y la realidad, están las 248 páginas del informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde se reconoce, por ejemplo, que “en lo que refiere al acceso a la salud, las unidades suelen brindar atención básica, conformada principalmente por profesionales del campo de la enfermería” y que “gran parte no accede a tratamientos hormonales.” 

Andrés López, abogado y defensor oficial de San Martín, cuenta que en la organización que dirige, Justicia Restaurativa, se facilitó el ingreso a distintos penales de personal para hacer mamografías. “Vimos prótesis reventadas porque nadie las controla. Algunas internas tienen aceite de avión desparramado por su cuerpo y nadie les da un tratamiento digno. Y el tratamiento digno no es solamente medicamentos”. 

Las incómodas verdades que salen de su boca queman más que una bala. “Las cárceles están llenas de drogas, que por algún lado entra porque no llueve. Ahí hay una responsabilidad del Estado. No se debe promover esos comercios ilegales”, dispara. A este desolador panorama se le sumaron los problemas para acceder a las vacunas contra el COVID-19. Mientras en la provincia de Buenos Aires ya se está vacunando a población adolescente, en las cárceles hay personas de 50 años que no fueron inmunizadas ni con una dosis. 

López agrega un hecho delictivo que repercute en la salud mental de las personas privadas de la libertad. “Las requisas son un negocio paralelo del servicio penitenciario” en el que a las minorías sexuales les roban pertenencias (comida, elementos de higiene personal, ropa, etc.). También subraya que hay hacinamiento y que “nadie en su sano juicio puede salir bien de una cárcel si vive en esas condiciones”. 

Educación para no morir

Al habitualmente hostil clima carcelario, en 2020 se le sumó la pandemia, que complicó las posibilidades de acceder a formación académica. “Una gran cantidad de estudiantes vieron interrumpidos sus estudios formales. El ingreso de docentes a las unidades se restringió, así como las posibilidades de llegar a material educativo por la falta de acceso a Internet y de equipamiento”, describe el informe del Comité. 

Para colmo, hay docentes que discriminan. “Yo hace mucho que estoy en segundo año del secundario. Más de una vez profesores me trataron mal. ¿Les tengo que agradecer que no me digan ‘puto’?”, se pregunta Gaviota.

Las omisiones estadísticas y las violaciones a los derechos humanos de las minorías sexuales son todavía moneda corriente tras las rejas. 

En este sentido, Josefina Ignacio, comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que dicta capacitaciones en perspectiva de género en distintas provincias, acota:

“Venimos de una cultura absolutamente patriarcal durante miles de años, lo cual no se cambia de un día para el otro”. Josefina reivindica la reciente aprobación de la ley nacional de cupo laboral travesti trans en Argentina, considera que es un punto de partida para que esa minoría acceda a puestos de trabajo a los que ahora no llega. López coincide y señala: “Celebro esa ley porque era necesaria. Ahora, si no tienen posibilidades de capacitarse o de tener un oficio, ¿quién las va a tomar en un trabajo?” 

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