Beatriz (59) llegó con su marido a la guardia de una clínica privada en Gran Buenos Aires. Presentaba un cuadro grave en los intestinos. Le advirtieron que debían intervenirla de urgencia, pero antes necesitaban que firmara un permiso, porque había posibilidades de no salir con vida de la operación.
La mujer pidió hablar a solas con el médico y le dijo que quería contarle algo por si no regresaba del quirófano: su estado era producto de una golpiza de quién la había acompañado. “No siempre funcionan los resortes que ayudan a las mujeres. En este caso sí. El doctor, comprometido con la situación, informó debidamente. Fueron al lugar a tomar la denuncia y se determinó que el agresor no pudiera acercarse a la víctima, que por suerte superó las lesiones y e hizo la externación ya protegida”, cuenta Melisa García, Presidenta de Abofem (Asociación Argentina de Abogadas Feministas).
“Es característico del violento aislar a su víctima del entorno, controlar la comunicación con familiares, amigos, las salidas, los horarios. Si a esto le sumamos el confinamiento, el combo es muy difícil. Por esta razón es urgente la aplicación de la Ley Micaela, para que se capacite en perspectiva de género en cada rincón del país, porque lamentablemente a veces esta mujer tiene poco contacto afuera de su casa y esos instantes de intercambio son preciosos y es una obligación saber actuar”. 96 femicidios en los primeros 100 días del 2020: 49 de ellos fueron en confinamiento. Según el observatorio Mumala, éstos son los últimos datos.
Mucho más que números
Tristemente, al leerse esta nota, las estadísticas habrán subido. Las cifras son escalofriantes. Sin duda, el contexto de la pandemia profundizó las precariedades vigentes de los sectores más vulnerables de nuestro país, sobre todo en el caso de las mujeres e integrantes del colectivo LGBTTIQ+. Se agudizaron todas las desigualdades estructurales y las situaciones de violencias de género. Para las víctimas que conviven con su agresor, el hogar no es un lugar seguro, sino un espacio en el que convive con el miedo y el abuso.
Están entre 4 paredes con el enemigo. Las medidas restrictivas dispuestas para combatir la propagación del covid-19 afectan a las mujeres por diversos motivos. Las embarazadas necesitan atención perinatal pero no saben si es seguro concurrir a las consultas. Los controles ginecológicos y mamarios, una de las principales herramientas para combatir las enfermedades mor tales más frecuentes en mujeres, están detenidos en el tiempo ante la emergencia de salud.
A su vez, están sobrecargadas con las tareas domésticas y de cuidado. Y se intensifica el riesgo de violencia de género, con menos posibilidades de descomprimir la dinámica de un hogar que sufre este flagelo. La politóloga María Florencia Freijo advierte, sin embargo, que hay que ser cuidadosos al asumir que el aumento de casos de violencia doméstica se da por el encierro porque se los coloca en el ámbito de la emoción violenta:
“El confinamiento no es una situación que hace al violento así, lo que sucede es que hay menos mecanismos de descomprensión, el contacto con el objeto de agresión es constante, y se termina generando así un hostigamiento por todo”.
Otro punto que subraya la experta es que cuando hay niños, éstos no escapan del funcionamiento del agresor, que necesita generar su propia valía violentando a otros. “La violencia es intrafamiliar, se violenta a todo el círculo y es clave decirlo porque si no los jueces fallan luego a favor de la revinculación de esos hijos. Entonces habrá que mejorar, ampliar y sostener una articulación adecuada con organismos que tengan que ver con la protección de menores para no seguir invisibilizando las infancias.
Sin dudas hay una deuda ahí, recién desde el año pasado existe la figura del Defensor Nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado argentino, no los gobiernos, tiene una deuda histórica en el abordaje de la niñez y cuando en los colegios no ha sido prioridad la educación sexual integral, eso también da una pista de por dónde empezar a descifrar el problema. La ESI (Educación Sexual Integral) permitió que el 80% por ciento de los niños y niñas abusados pudieran comprender lo vivido y contarlo”.
Por su parte, Silvina Perugino, directora de situaciones de alto riesgo y casos críticos del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, cuenta que también recibe llamados de mujeres que durante el aislamiento preventivo social y obligatorio logran salir durante de esos hogares violentos, al detonar la situación del todo, y que ahí es vital la contención, brindarle un espacio a donde ir con sus hijos, recursos. “Pasa mucho en cuarentena que llaman desde la calle con los chicos y tiene que ver con eso: con ‘me fui con lo puesto’”.
Resulta interesante en este sentido dejar de pensar en que la mujer sea la que tenga que dejar el domicilio, sino que sea el agresor quien se vea obligado a hacerlo. “Esto requiere un diálogo con el poder judicial, y que cada funcionario público esté capacitado en perspectiva de género para comprender cada problemática. Con la pandemia la aplicación de la ley Micaela se complicó, pero hay que encontrarle la vuelta y avanzar de forma urgente”.
A su vez, Perugino propone cambiar el foco. “Una vez que intervenimos en un caso y se protege a la mujer, poco sabemos de lo que pasa con ese hombre. No obstante, si lográsemos tener una dirección específica de masculinidades podríamos trabajar para desentramarlo.
Lo más probable es que vuelva a tener pareja y vuelva a ejercer violencia. Siempre la mirada está puesta en nosotras y el Estado también tiene que hacerse cargo de desarmar una estructura al servicio de construir las subjetividades que nos están matando. Se puede desandar este camino, diseñar campañas para pensar las tareas en el hogar como compartidas, ver como visibilizar las desigualdades de género... Ya pensar en un estado que cuida es deconstruir un poco. Debemos trabajar en eso que tiene que ver con los hilos invisibles que sostienen el machismo, cuyo último eslabón es el golpe”.
“Evidentemente hay un trabajo de conversación social que ya comenzó desde el #NiUnaMenos en 2015. En cuarentena, también hay casos en donde llama la familia para pedir el permiso de circulación, porque lo demás ya lo tienen resuelto: armaron el dispositivo para rescatar a una hermana o una hija, lo que le van a decir a la pareja para que no sospeche que ella no vuelve y el lugar adonde ir. El desafío siempre es acompañar, ayudar, brindar herramientas, asesorar, ampliar derechos y que esos derechos sean efectivos, porque no es lo mismo tenerlos que poder acceder a ellos”.
Freijo coincide en este punto. “Me pasó en una denuncia que acompañé en el barrio Villa Argentina, en Santa Fe: en la 144 le decían a la víctima que se tomara un colectivo de dos horas de recorrido con sus dos hijos y no tenía plata ni para el pasaje. Entonces hay mucho que hacer para ver cómo llega a ese derecho que tiene”.
Una pandemia evitable
Divulgadora de temas feministas, Freijo reflexiona: “Pensando en las instancias previas a una situación extrema, existen dispositivos de acompañamiento psicológico, muy valiosos porque permite que la mujer no decline de su denuncia muchas veces. También es fundamental poder
medir por qué la mujer retira la denuncia o no la sigue ¿se fue efectivamente de la casa?, ¿qué ocurrió? Es decir, tenemos que medir algunas cuestiones del fenómeno para poder saber qué falla en el diseño de los protocolos para ayudar a las víctimas, como abordar más adecuadamente el problema, unificar los registros, porque al ser un país federal y descentralizado, esto genera que el seguimiento de cada caso sea muy difícil”.
En cuanto a la producción de la información, los observatorios que se utilizan son los de la sociedad civil como Mumalá, Ahora que sí nos ven, La Casa del Encuentro.
Freijo explica: “Se toman datos de los medios, del observatorio de la Corte Suprema y los casos caratulados como femicidios, pero ¿y los caratulados como homicidios? ¿los casos de muerte violenta o suicidio que no se investigan? Están caratulados así porque la justicia es patriarcal, entonces es profundo el tema. Debemos unificar información y criterios”.
En cuanto a la unificación de registros: “A veces ocurre un femicidio y al rastrear la historia nos damos cuenta que tenían una denuncia en una fiscalía, otra en una comisaría, pero no hubo una instancia en donde se unifiquen todas esas denuncias. Necesitamos volver a centralizar administrativamente todo lo que tenga que ver con el ámbito de la violencia de género, es el gran desafío que tiene hoy el Ministerio de las Mujeres, que ya se ha reunido con otros ministerios y organizaciones civiles para empezar a trabajar en esto”.
Asimismo, Freijo señala que otro desafío está en las políticas de control de los organismos que actúan en estos temas. “El año pasado se encontraron archivados en un predio un montón de botones antipánico guardados. La persona a cargo no creía en la violencia de género y aunque después fue escrachado él mismo por abuso, muchas mujeres dependieron ahí del prisma con el que este señor miraba, se necesita que además, se puedan fiscalizar los procesos. Sino seguimos a merced de la vara con la que se miden estas cuestiones, predominantemente patriarcal, como en uno de los femicidios ocurridos en cuarentena, que a una de las denuncias de la víctima le faltaba el nombre del agresor. Así nos atienden a las mujeres. Esto no puede ocurrir más”.
Desde Abofem, García arroja: “Los femicidios son evitables. Al estudiar cada uno de los eslabones que llevó a esa mujer a esa situación podemos darnos cuenta de lo que se hizo mal. La responsabilidad es múltiple, social, cultural, jurídica, política, educativa. Cada cual desde su rol y su ámbito debe construir una vía alternativa a la escalada que es hoy el fenómeno de la violencia de género, la otra pandemia como la denominó la ONU”.
at Male Ortiz
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