Micaela García, desapareció en Gualeguay, la ciudad donde cursaba el profesorado de Educación Física, el 1 de abril de 2017 luego de salir de un boliche.
Gracias a las cámaras de seguridad se pudo constatar que Sebastián Wagner fue quién se la llevó y la asesinó.
Al momento del hecho, el femicida debía estar preso por cumplir la condena de violación a dos mujeres, pero tenía libertad condicional otorgada por el Juez Carlos Rossi.
El magistrado fue suspendido durante un período de tiempo, pero luego fue absuelto. En la provincia de Entre Ríos el juez sigue ejerciendo sus funciones al día de hoy.
Por este atroz femicidio en el 2018 la cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia” contra las Mujeres, bautizada como la Ley Micaela.
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La iniciativa estableció la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto fue presentado el mismo año en el que ocurrió el femicidio por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y la ahora también vicegobernadora electa de Chaco Analía Rach Quiroga (FPV-PJ).
"Seguiremos adelante con la implementación y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y capacitación del sector público en materia de género y violencias por razones de género, incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y altas autoridades del Poder Ejecutivo", dijo Alberto Fernández en su primer discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año.
"El propio presidente participó el 10 de enero junto a su gabinete de la capacitación que realizamos en el Centro Cultural Kirchner al cumplirse un año de la promulgación de la Ley.
De esta manera buscamos promover una lógica de compromiso y decisión política respecto de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado y que aquellas y aquellos que deben pensar, diseñar, planificar las políticas públicas lo hagan con esta mirada, para promover intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género", explica Diana Broggi, subsecretaria de Formación Investogación y Políticas Culturales para la Igualdad del flamante ministerio.
Aún caben dudas sobre su completa implementación, a pesar del tiempo y de la voluntad política por parte de las representantes mujeres que luchan para que funcione totalmente esta ley.
Consultada por este medio sobre la situación actual de la ley, De Ponti, actual diputada provincial por Santa Fe, respondió: “Los 3 poderes del Estado han comenzado parcialmente su implementación, algunos con un grado mayor de avance que otros.
Por lo cual, entiendo que si bien no fue completamente implementada, hay un proceso de implementación que llevará un tiempo para que se derrame en todos los niveles del Estado”.
Por otro lado se refirió a la implementación a nivel nacional: “A nivel de los gobiernos provinciales y locales el proceso va a ser un poco más lento pero muchas provincias ya han comenzado con la sanción de de sus propias leyes o con la adhesión a la Ley nacional Micaela García y luego con el inicio de su ejecución".
"A partir de la emergencia sanitaria producto del COVID 19 debimos suspender las actividades previstas pero estamos avanzando en el actual contexto en la reformulación de la modalidad virtual que tenía el Instituto Nacional de la Administración Pública para poder llegar al conjunto de lxs trabajadorxs del Estado con un curso más extenso y cualitativamente más elaborado", agrega Broggi.
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Por otro lado la diputada hizo hincapié en que la ley no solo se implementó en el Estado sino también en otros organismos. "Entiendo que eventualmente la ley Micaela va a ser incorporada incluso hasta por empresas del sector privado, por asociaciones sindicales donde hay una lucha muy grande de parte de las trabajadoras para que se implemente. Las universidades y los clubes también están por esa línea”, finalizó.
En este sentido, Broggi analiza: "Para reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias por razones de género es indispensable construir políticas públicas integrales y transversales y jerarquizar las herramientas con las que el Estado los aborda.
Uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas".
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