Como sucede desde 2015 en Argentina y en diferentes partes del mundo, miles de mujeres, militantes, activistas y organizaciones se unen para marchar en contra de los femicidios. En la séptima marcha de Ni Una Menos, las demandas feministas se escucharán en todo el país, reclamando lo mismo una y otra vez.

Las mujeres víctimas de la violencia de género siguen con los mismos problemas al momento de realizar las denuncias. Más allá de la Ley 26.485, la solución que propone la justicia termina siendo engorrosa y muchas mujeres acaban desistiendo de su reclamo. Las familias que viven la pérdida de una mujer en manos de un femicida, cargan con el dolor, la ausencia perpetua, y con la difícil tarea de conseguir que un abogado penalista haga justicia.
Las mujeres que marchan por Ni Una Menos, necesitan que los funcionarios del poder judicial tengan una “visión de género” con fiscalías especializadas, para que puedan encarar las investigaciones como corresponde en los casos de femicidios.

Este año, a las movilizaciones se le suma la necesidad de la modificación de la Ley 27.452, reglamentada en julio del 2018. La Ley Brisa consiste en la reparación económica para los huérfanos de violencia intrafamiliar hasta los 21 años, o de por vida si tienen alguna discapacidad. Hoy en día, este beneficio económico sólo lo recibe un 7% de los huérfanos, y la asistencia psicológica es casi nula. Los trámites previos de guardas y tutelas, merecen un capítulo aparte, ya que deben ser agilizados para que las familias reciban la ayuda con rapidez.

Según los datos del Registro Nacional de Femicidios, de la Corte Suprema de la Nación, en 2021 hubo 256 víctimas de femicidios en nuestro país.
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